Las
comunidades autónomas hacen frente a los recortes. Madrid, la más perjudicada.
Desde el pasado
20 de noviembre, fecha de inicio de la nueva legislatura del candidato popular
Mariano Rajoy, las nuevas medidas de ahorro del Estado han caído sobre el
pueblo como granizo. El nuevo gobierno, de corte derechista y liberal ha
encontrado en el déficit presupuestario un filón para la reforma del sistema
económico y social español. Después de casi ocho años de zapaterismo, el nuevo Presidente ha incidido en la privatización y
el recorte de gasto público como medidas especiales para salir de esta crisis
que nos asola. La educación y la sanidad, los mayores perjudicados.
El ajuste fiscal
al que Rajoy se enfrenta en el ejercicio de 2012 suma más de 20.000 millones de
euros, según estima la FEDEA, cifra que supera los 15.000 que Zapatero redujo
en la primavera de 2010 y que cristalizaron en la congelación de las pensiones
y una rebaja salarial para los empleados públicos. Con la subida de impuestos,
medida básica de toda nueva legislatura
en época de declive económico, no basta: hace falta arrancar euros de casi
todos los ámbitos sociales. Por ello el Ejecutivo ha puesto en marcha una serie
de conceptos para abordar el déficit, que pasan por la subida temporal del
IRPF, un aumento en la tarifa del gas, reducciones de un 20% la subvención de
partidos y sindicatos y a los presupuestos de los Ministerios (Fomento será el
más perjudicado), de las Comunidades Autónomas y de RTVE, RENFE e I+D+I,
aumento de la jornada laboral de funcionarios públicos a las 37’5 horas y la
supresión del canon digital.
Sin embargo, una
de las cosas que más preocupa a los españoles es la Educación pública, que ha
visto mermados en los últimos meses sus ingresos y subvenciones, lo que
consecuentemente se ha traducido en despidos y empeoramiento de las condiciones
educativas, especialmente en los centros públicos. España, que según el ranking
de la revista Newsweek tiene el bronce mundial en materias de sanidad, en el
tercer puesto junto a Suecia y sólo por detrás de Japón y Suiza, en educación
deja mucho que desear, situándose en el puesto 32º, por detrás de países como
Kazajistán (14º), Polonia (17º) o Cuba (20º). Desde el Ministerio de Educación
se ha reconocido la necesidad de abordar este problema y de actuar
conjuntamente con instituciones escolares para mejorar la educación de los
españoles. Pero, ¿es esto posible, después de los recortes implantados en todos
los niveles de educación pública?
En las regiones
más afectadas por las nuevas medidas no lo parece. En Madrid, Galicia, Castilla
La Mancha y Navarra los gobiernos regionales respectivos han presentado un plan
de ahorro que contempla el aumento de horas lectivas a los interinos, así como
el recorte de plantillas para los docentes que no ostentan un puesto de trabajo
fijo. En estas Comunidades, el descontento se ha plasmado en la esfera pública
con manifestaciones, huelgas y encierros a modo de protesta, que paralizaron, a
principios de curso, los servicios educativos durante algunos días. En otras
Comunidades las autoridades no se han cobijado en el aumento de horas lectivas,
pero sí han recortado en sustituciones y no ha habido oferta pública de empleo
este año. Si el año pasado se ahorraron más de 2.000
millones de euros en toda España a base de recortar en sueldos, becas,
formación del profesorado o actividades extraescolares, este año vamos un paso
más allá: ya han sido despedidos más de 3.000 docentes. El Gobierno se piensa
amparar, para no tener que dar ni siquiera crédito a esa mínima tasa de
reposición del profesorado de un 10%, en una táctica que recuerda a los tiempos
en los que el bipartidismo era un concepto de base y no de personal: cambiar
los temarios de las oposiciones del profesorado, para volver a los planes de
1995 cuando cientos de profesores llevan años preparándose para opositar con
los nuevos temarios. Esta medida parece uno más de las estrategias encubiertas
del ejercicio político, que se empeñan en mostrarnos las decisiones que se
toman a través de un cristal que suaviza las aristas para calmar a la opinión
pública.
Entre los alumnos, los más afectados serán aquellos que tengan mayores
problemas o que necesiten un ritmo más lento de aprendizaje. Las familias están
preocupadas porque la atención a estos alumnos decrecerá visiblemente. También
serán las familias de escasos recursos las más perjudicadas: las subvenciones
para el comedor se prevén pagar a finales de curso, en vez de mensual o trimestralmente,
lo que significa que tendrán que conseguir un dinero que no tienen para hacer
frente a las facturas.
Madrid,
epicentro de los recortes
La cabeza visible de la política a favor del “tijeretazo”, así es como
los medios de comunicación se han referido a los recortes, ha sido la
presidenta de la capital española, Esperanza Aguirre. La educación pública de
Madrid ha sido, en estos últimos meses, el servicio público más castigado y
perjudicado por los recortes. El colectivo de docentes de la educación pública
de dicha comunidad se ha convertido en víctima primera del thatcherismo de
Aguirre. Tanto ha sido así que muchos de los profesores, ya no sólo de Madrid
sino de todas las comunidades autónomas, no ven futuro en su propia profesión.
Y, es que, la tasa de reposición que aprobó el Gobierno el pasado 30 de
diciembre, como otra de las medidas urgentes previstas para este año, está
situada en torno al 10%. Pero ya no sólo los profesores no ven luz al final del
túnel sino que los jóvenes recién licenciados no ven ni siquiera el túnel ya
que esa imperceptible tasa de reposición supone, según los sindicatos, una
“congelación” de las plazas para opositar. Menos aún cuando el ministro de educación, Juan Ignacio Wert, ya ha anunciado la intención de cambiar el
temario de las próximas oposiciones docentes del 2012 convocadas en el País
Vasco, Andalucía, Canarias y Madrid. La intención es eliminar el temario
aprobado por el gobierno saliente para volver al de 1995. Unos 60.0000 opositores llevan mucho tiempo,
esfuerzo y dinero invertido en la preparación del examen. Muchas voces apuntan
a que todo esto sirve al Gobierno popular como estrategia para favorecer la
política de recortes de muchas Comunidades Autónomas: menos profesores
funcionarios supone mayor número de interinos, que a diferencia de los primeros
no tienen plaza fija y, por tanto, pueden ser despedidos o directamente no contratados. Todo esto no
hace más que vivificar la llama de un fuego cada vez más peligroso. Y el
peligro no hace más que extenderse, afectando principalmente a los bienes más
preciados de la democracia, como la sanidad o la educación, que inminentemente
pasará a manos de unos pocos, de una “élite” formada por las clases más
pudientes de la sociedad española.
España es, según datos de la OCDE, uno de los países con porcentajes más
altos de educación privada y concertada, suponiendo un 28% del total. Madrid,
con diferencia, es la comunidad que menos porcentaje de su PIB dedica a gasto
público en educación, tan sólo un 2,9%, cuando la media española es del 5%.
Mientras que el porcentaje de dinero público dedicado a la educación privada
supera la media nacional. Pero esto no es nuevo, el gobierno madrileño lleva
muchos años persiguiendo un modelo de privatización de la educación (qué decir
de la sanidad) que progresivamente ha ido consolidándose, a pesar de la
resistencia de sectores importantes de la sociedad. La crisis económica y un
gobierno de derechas es el paraguas perfecto para proteger las medidas
privatizadoras y liberales del gobierno madrileño, con Esperanza Aguirre a la
cabeza. El bachillerato de excelencia, que arrancó en el curso 2010-2011 en el
IES San Mateo de Madrid, así como la recién medida sobre un nuevo sistema de
puntuación para colegios públicos y concertados que tiene como objetivo
instaurar un área única para todos los niveles educativos, como ya ocurría en
el sistema sanitario madrileño. El bachillerato de excelencia parece una medida
destinada a la consolidación del modelo alemán de educación, donde se premia y prepara
a los mejores. Pero ya se ha dado el caso del abandono de algunos alumnos que
no podían seguir el ritmo de las clases de este curso del IES San Mateo. Pero
este bachillerato, que prepara a los “mejores”, no sólo va a ser acogido por un
único instituto sino que el gobierno regional anunció su intención de crear en
torno a diez aulas de excelencia en
varios centros públicos a partir del próximo curso escolar 2012-2013. En cuanto, al nuevo criterio de
puntuación va a implantarse este mismo curso, después de las vacaciones de
Semana Santa. Con todo, el nuevo sistema permitirá a los padres elegir el
centro independientemente de la cercanía física del mismo con respecto al distrito
o barrio de la familia. La aparente “libertad” que esta medida supone, no hace
otra cosa que acrecentar las diferencias entre las familias más humildes y las
más pudientes ya que favorece claramente a todas aquellas familias con más
recursos al poder llevar a sus hijos a los centros de “élite”. “Este nuevo sistema dará información muy útil a la Administración sobre qué
tipo de colegios gusta a los padres”, estas son las declaraciones de Lucía
Figar en una entrevista a la SER después de darse a conocer la nueva medida. Un
pez que se muerde la cola. Las familias madrileñas que busquen determinados
colegios serán todas aquellas que, gracias a su estatus económico, pueden
elegir centro. A diferencia de las familias más humildes que no tendrán otra
opción que escoger la alternativa más barata, quedarse en el colegio del barrio
y así gastarse menos dinero. Esto beneficiará, a su vez, a los centros privados
y concertados que recibirán mayor número de alumnos y, por tanto, más dinero,
más financiación privada. También puede suponer un mazazo para la integración
social. Y, es que, en barrios con elevado número de inmigrantes se podrían
llegar a crear guetos en los centros educativos, ante la fuga de muchos alumnos
hacía otros colegios o institutos, creando así una clara división racial y
social; quedándose en los centros de muchos barrios madrileños los alumnos de
las familias con menos recursos. Esperanza Aguirre anunció esta medida en mayo
del año pasado, en plena campaña electoral por las elecciones municipales. La
presidenta, tan osada como de costumbre, llegó a afirmar, “vamos a hacer una revolución en educación”. Pero lo que no dijo
fue que se trataría de una revolución que beneficiaría exclusivamente a esa “jet”, auspiciada por la clase política
madrileña.
El tijeretazo en educación ha provocado que
un gran colectivo madrileño formado por profesores, alumnos, interinos,
sindicatos, parados y demás salgan en masa a las calles para manifestarse. Una
masa que se ha convertido en la marea
verde, nombre recibido por el color de las camisetas que lucen en las
manifestaciones. Verde es el color de la esperanza y el color elegido por todo
ese gran colectivo indignado que no quiere tirar la toalla. Todo parece una
broma mal gusto al recordar que Esperanza, ni más ni menos, es el nombre de la
presidenta de la comunidad. Pero al margen de ironías de la vida, la lucha
sigue en la calle y así lo ha hecho la marea
verde desde el principio, desde el anuncio del recrudecimiento de las
medidas privatizadoras en educación que afectaban sobre todo a los interinos.
Todo comenzó después del anuncio de Lucía Figar, consejera de Educación, de la
no renovación de más de 3.000 profesores interinos. A esto se han sumado otras
medidas como el aumento en el número de horas lectivas, que han pasado de 18 a
20 y que, por tanto, ha supuesto la pérdida de miles de interinos en sus
puestos de trabajo. El objetivo de la
Consejería de Educación es el de ahorrar cinco millones de euros durante 2012.
Una de las decisiones para lograr ese ahorro ha sido la de no incluir el
complemento autonómico en el salario de los sustitutos, un 16% de su
retribución. Poco a poco, o a un ritmo realmente trepidante, dependiendo de
cómo se mire, esas medidas han ido recrudeciéndose y la Comunidad de Madrid ya
ha confirmado que de acuerdo con el artículo 20.5 de la Ley de Presupuestos Generales, no va a contratar
durante 2012 funcionarios interinos "salvo
en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los
sectores expresamente declarados como prioritarios por la Consejería de
Economía y Hacienda". Esa excepción hace referencia a situaciones de
acumulación de tareas o programas de carácter personal. No es de extrañar que
haya crecido el número de indignados después del sucesivo anuncio de una serie
de medidas que con la excusa de su urgencia han ido desequilibrando la balanza
a favor de la educación privada. Por ello se entiende que la marea verde haya permanecido activa,
saliendo a la calle; desde julio, momento en el que se anunciaron las medidas
para el curso 2011/2012, se han convocado diez huelgas, repartidas en los meses
de septiembre, octubre y noviembre. Los manifestantes, cada vez que se han
concentrado, lo han hecho ante la Consejería de Educación, en la calle Alcalá.
La Universidad Pública también se ha sumado a alguna de las huelgas y
manifestaciones para apoyar al resto de la educación pública así como para
protestar por el Plan Bolonia o el polémico Plan de Universidades de 2015. La
última manifestación tuvo lugar el pasado martes 7 de febrero, una
concentración multitudinaria que reunió al colectivo de docentes, interinos,
médicos y otros muchos empleados públicos afectados por el tijeretazo; unas
20.000 personas que se manifestaron bajo el lema “Lo público es de todos. ¡No a los recortes!” y en contra de la Ley
de Acompañamiento de los presupuestos para 2012 que aprobó la cámara regional
con los votos del PP el pasado mes de diciembre; ésta incluye medidas como un
aumento de la jornada laboral de los funcionarios de la Comunidad de Madrid y
otras iniciativas como penalizar las bajas de los mismos, llegando a descontar
un 40% de su sueldo, el complemento que paga el Gobierno regional, mientras que
el 60% lo cubre la Seguridad Social. Todo parece una provocación que no hace
más que acrecentar la relación vertical entre el poder regional y una buena
parte de la sociedad madrileña. Aparte de las manifestaciones, se han convocado
otro tipo de actos en contra del tijeretazo como conciertos, encierros en
institutos, colegios y universidades públicas, flashmobs o carreras populares. Pero el papel más importante para
la movilización y difusión de información lo han tenido las redes sociales,
como Facebook o Twitter. Los blogs han sido otra plataforma fundamental para
poner en conocimiento nuevos datos, noticias, informes estadísticos y otros
documentos de interés. Entre las bitácoras más populares encontramos Soy Pública o Lee y opina, así las páginas web de los sindicatos UGT, CCOO o el
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM). Muchos de esos
blogs han publicado interesantes informes para conocer las estadísticas que
corroboran la dramática situación que vive la educación pública madrileña.
Una niña en una de las manifestaciones de la marea verde
con una pancarta que deja claro el futuro de los docentes.
Imagen de una de las manifestaciones de la marea verde contra
los recortes en educación
El sindicato
FETE-UGT Madrid, por ejemplo, publicó en su página web la preocupación por las
medidas tomadas estos últimos meses y que afectan directa y dramáticamente al
colectivo de interinos. El sindicato elaboró una lista con algunas de estas
medidas y sacó algunas conclusiones: el
“carácter excepcional” de 21 horas lectivas en el cómputo horario de los
docentes pasa a tener en la mayoría de los casos un “carácter general”, la supresión de una hora de tutoría en secundaria,
lo que supone el incremento de una hora lectiva, la reducción de los desdobles
en el Primer Ciclo de la ESO que hasta ahora permitían atender a alumnos con
necesidades de compensación educativa, la disminución del número de Aulas de
Enlace y Educación Compensatoria, los recortes de docentes en centros de
Enseñanza de Personas Adultas y Escuelas de Idiomas. El
sindicato también desmiente, con datos, los argumentos utilizados por la
consejera de educación madrileña, Lucía Figar, para justificar los recortes. De
los ajustes de horarios la consejera dice, “desde la Consejería pedimos a
los directores que elaboraran los horarios de sus plantillas con arreglo a lo
que marca la normativa estatal, es decir, con un mínimo de 18 horas para cada
profesor, sin contar con los descuentos que tienen los jefes de departamento,
los equipos directivos, etc.”. Pero
el sindicato recuerda que también son horas lectivas los desdobles, las
recuperaciones, los apoyos, etc. En cuanto al ajuste del número de
trabajadores sindicales, Figar explica, “Hemos pasado de 190 a 70,
recuperamos 120 para el sistema educativo”. Pero lo que no dice la consejera es que esto supone 120
interinos a las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Y,
por último, en lo concerniente a la Supresión de licencias por estudios, la Consejera dijo “hemos
suspendido temporalmente una (medida) que permitía a 283
docentes cada año tomarse años sabáticos para
formación cobrando su sueldo íntegramente”, lo cual significa 283 más
interinos a la calle. Esta medida, según la Consejera, responde a que
ahora el gobierno regional no puede pagar a 283 docentes al año “para que no
trabajen”. Como se ha publicado en la web de FETE-UGT con estas
declaraciones se “vuelve a menospreciar el derecho a la formación de los
docentes de Madrid y el tiempo y esfuerzo dedicado por parte de los
mismos a la ampliación de conocimientos que sin duda repercuten en una mayor
calidad de la enseñanza.”Desde la Asociación de interinos de Madrid se ha
denunciado esta situación que ha llevado a 3000 interinos a la calle así como
la desaparición del cobro por trienios y sexenios de este colectivo.
En cuanto a los informes estadísticos encontramos uno muy interesante del
blog Soy Pública. Esta plataforma
está integrada por un grupo de personas y colectivos que no tienen otro
objetivo que el de “informar, defender,
conversar y luchar por la Educación de Todos”. Este blog estuvo nominado en
la categoría de actualidad de la 6ª edición de los Premios 20blogs. Uno de los
informes que ha publicado muestra cómo el número de centros ha crecido desde 1999, a favor
de los centros privados. De los 1212 que se han construido 370 públicos y 840
privados. En estos últimos 12 años, el número de alumnos ha alcanzado los
196.375, de los cuales un 65% aproximadamente pertenecen a la privada y tan
sólo el 36% al ámbito público. Más dramática se vuelve la situación, al conocer
que la educación pública ha pasado de poseer el 58% del alumnado, al 53%,
perdiendo así casi un 5% a favor de la privada. Actualmente, el total de
alumnos de las escuelas privadas o concertadas llega casi al 50%. Pero
curiosamente son las escuelas concertadas las que han alcanzado el mayor número
de alumnos, desde el año 2004, 36.984 más. Y, es que, el actual Gobierno
madrileño no construye tantos centros públicos como concertados, éstos no
cuestan tanto dinero a la administración gracias a los pagos solapados de este
tipo de centros. En cuanto al profesorado de la educación pública, ha
disminuido un 10% aproximadamente en estos doce últimos años. Mientras que en
la pública ha aumentado en 9.790 profesionales, en la privada lo ha hecho en
16.225 docentes. La situación se vuelve más grave al comprobar que la pérdida
de docentes desde 1999, situada en torno al 10%, es mayor que la de alumnos,
que ha alcanzado casi el 5%. Por tanto, las aulas de los centros públicos se
encuentran masificadas, a diferencia de las privadas, que en proporción tienen
más profesores que alumnos.
Para mostrar un fiel y objetivo retrato estadístico de la situación y
evolución de la educación pública madrileña, hemos acudido a las estadísticas
que ofrece la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a pesar de que
no pueda compararse perfectamente con el anterior informe ya que los datos que
la consejería ofrece van del curso 2007-2008 al 2010-2011 y no ofrece la
evolución de la educación desde 1999, como el informe difundido por Soy Pública. A partir de los informes de
Datos y cifras de la educación
2008-2009 y 2010-2011, concluimos que del curso 2007-2008 al periodo 2010-2011
el número de alumnos de la educación pública ha aumentado en 46.313, mientras
que la privada lo ha hecho en 25.015 alumnos más. A pesar de que el aumento sea
mayor en los centros públicos, el aumento en la privada la ha llevado a
aproximarse todavía más al 50% del alumnado, igualándose al 55% de los alumnos
matriculados en la pública. En cuanto a los profesores, este informe no recoge
datos de 2010-2011, sólo están registrados los de 2009-2010. Las estadísticas
muestran un aumento de 1298 profesores más en la pública frente a 268 más
docentes en la privada. Si tenemos en cuenta que el actual número de alumnos
matriculados en la pública es de 658.000 aproximadamente y el número de alumnos
matriculados en la privada es de 441.600. En proporción, según los datos del
periodo 2009-2010, sigue siendo mayor el número de profesores en la privada,
37.227, frente al número de sus alumnos, a diferencia de lo que ocurre en la
pública, que cuenta con 50.938 profesores, y que, por tanto, tiene menos
docentes por alumno.
Los datos no hacen más que confirmar la situación de precariedad que vive
la educación pública y eso repercute en la opinión pública ya no sólo madrileña
sino también española, teniendo en cuenta la similar o idéntica evolución que
están siguiendo el resto de Comunidades Autónomas. El barómetro del CIS de septiembre de 2012 situaba la educación como
la sexta preocupación de los españoles, antes que la vivienda, que siempre está
entre los primeros problemas de la sociedad española. En julio del mismo año,
en cambio, la educación se encontraba en el octavo lugar de la lista de
preocupaciones de los españoles. En el barómetro de diciembre de 2011 del CIS,
la educación continuaba situada en el sexto puesto, sin variaciones, por tanto,
respecto a septiembre del mismo año. Encabezando la lista de diciembre
encontramos el paro (82%) en el primer puesto, los problemas de índole
económica (50%) y política (19%) en el segundo y tercero respectivamente, la
sanidad (9,3%) en el cuarto, la inmigración en el quinto (7,5%) y la educación en
el sexto (7,2%), ésta última por encima de la vivienda, la inseguridad
ciudadana o la corrupción. Si tenemos en cuenta que la preocupación de los
ciudadanos por la educación se centra sobre todo en la precariedad de la
educación pública como consecuencia de los recortes en la misma, la primera y
segunda preocupación de la lista del CIS, el paro y la situación económica,
engloban ese malestar e inquietud de la mayoría de los españoles por los
recortes en muchos de los servicios públicos, entre ellos la educación y la
sanidad.
Los efectos del dramático tijeretazo han sido totalmente negativos y
devastadores. Según el sindicato CCOO, los recortes, a nivel nacional, de la
educación pública han tenido graves consecuencias en la totalidad de la misma.
Entre esos efectos tan negativos y devastadores encontramos impagos, falta de
servicios o reducción de plantilla; ejemplos como el pago pendiente del
Gobierno valenciano de 20 millones de euros a los colegios de Primaria, la
suspensión del servicio de limpieza en 120 institutos de Sevilla, la expulsión
de un alumno por denunciar la falta de calefacción en su centro, apagones por
falta de financiación en Alicante, la reducción en las ayudas para transporte
público….Un sinfín de noticias que muestran la situación precaria en la que se
encuentran muchos centros públicos. Un informe de la Federación de la Comunidad
de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado Francisco Giner de
los Ríos (F.A.P.A), muestra la pérdida semanal de 20,75 horas por centro en desdobles,
que se pierden sobre todo en matemáticas, lengua extranjera (inglés), lengua y
literatura o laboratorios. Se pierden así guardias y suplencias, bibliotecas,
aulas de enlace y actividades extraescolares. Este mismo informe también hace
hincapié en las becas para pagar el comedor, las familias no podrán recibir
dicha ayuda hasta que no finalice el curso. Por tanto, las familias tienen que
pagar un dinero que todavía no tienen.
La profesora en sociología de la Universidad Complutense de Madrid,
María Fernández Mellizo-Soto, va más allá al escribir en El País que la
extensión del modelo educativo de Aguirre al resto del país supone que la
Iglesia recupere el poder sobre la educación de los alumnos. Este artículo
recoge un dato interesante a la par que estremecedor y es que más de la mitad
de colegios privados españoles pertenecen a la Iglesia: nueve de cada diez
colegios son concertados y sólo 6 de cada 10 son laicos. A parte de la pérdida
de la laicidad, la desigualdad social es otra de las injusticias íntimamente
relacionadas con una privatización del modelo educativo. Y, es que, como
recuerda la profesora, la educación privada y concertada es más cara para las
familias y, por tanto, acoge un alumnado de un nivel socioeconómico alto.
Además no se está respetando la naturaleza de las leyes ya que la legislación
actual no permite que la educación concertada resulte más cara que la pública
pero, como recoge el INE, apostar por el concierto supone unos 800 euros más al
año para las familias. Todo esto es una amenaza para la igualdad de
oportunidades ya que polariza radicalmente a la sociedad. Como explica la
socióloga en este interesante artículo de El País, “por un lado, existiría un fuerte sector de educación
privada y concertada, que acogería a los hijos de las familias más acomodadas.
En el otro extremo, una educación pública residual, deteriorada, que sería el
refugio de las familias sin recursos o con determinados problemas de los que
los centros privados no querrían hacerse cargo.” De esta forma, se evidencian las
intenciones del gobierno regional, y ahora también central, que van más allá
del saneamiento económico: recuperar el control de la Iglesia y la
consolidación de un elitismo sin precedentes.
La
Universidad también sufre
Aunque las mayores protestas y recortes parecen haber incidido sobre
la educación secundaria, también la universidad ha visto cómo sus cuentas se
vaciaban y los números rojos aparecían por todas partes. Las siete
universidades públicas madrileñas llevan ya unos años apretándose el cinturón,
y de media, las universidades españolas han visto este año cómo se reducía su
presupuesto en un 10%, sin tener en cuenta lo que perderán por las rebajas en
presupuestos territoriales, ya que dependen en un 70% de estos. Las principales
consecuencias de estos recortes las sufrirán profesores asociados y los
proveedores, que no verán sus facturas pagadas por ahora, además de
cancelaciones en programas e inversiones. La Universidad Complutense de Madrid,
primera en el ranking de universidades del CSIC, y que ocupa el puesto 147º en
el ranking mundial y el puesto 32º en el europeo, ha aprobado para este curso
2011-2012 un plan de eficiencia, documento no ratificado por los sindicatos
pues consideran que no justifica de dónde saldrán los 40 millones (el 7’3%) que
la universidad pretende ahorrar. Con un presupuesto de 545 millones de euros
para este 2012, la Complutense tiene un agujero de 150 millones, una deuda
histórica. Las principales medidas que se adoptarán para llevar a cabo el
ahorro serán el control riguroso del absentismo de los más de 10.000
trabajadores, la reducción de teléfonos móviles a la mitad para reducir la
factura telefónica, la eliminación de gastos en protocolo y representación así
como el control de las comidas de trabajo y viajes y eliminación del vino, por
ejemplo, de los costos agregados a la universidad (la pregunta es, quizá, por
qué el personal docente y no docente bebe mientras trabaja), la congelación de
las contrataciones y amortización de plazas del personal que se jubile y una
serie de medidas para reducir el consumo eléctrico.
Para mostrar su descontento, los universitarios también han salido a
la calle en toda España, con la intención de denunciar la lamentable situación
de la enseñanza superior en nuestro país, que, literalmente “se cae a trozos”.
Las instalaciones están viejas, obsoletas o estropeadas, pero la Universidad
invierte en pantallas de plasma sin ningún fin concreto. En la Facultad de
Ciencias de la Información, los estudios utilizan tecnologías del pasado, lo
que prepara los alumnos en tecnología obsoleta, y mientras, en un invierno
cálido sin precedentes, la calefacción se pone durante todo el día, sin tener
en cuenta que un termostato ayudaría a aplacar la gran deuda a la que la UCM se
enfrenta, pues el gasto en calefacción es uno de los más elevados del
presupuesto.
Encierros en universidades, marchas populares, quejas,
manifestaciones. Todo ello es poco, parece ser, para que los gobiernos
universitarios presten atención al declive que la universidad española está viviendo.
Es un patinazo que nos puede costar caro a todos los estudiantes y personal
docente, y por extensión a toda la sociedad que espera de nosotros
profesionales cualificados que sean capaces de operar a un enfermo con
seguridad y conocimientos plenos, o de ser capaces de informar con veracidad y
aplomo sobre lo que ocurre en la sociedad, en nuestro caso. Pero los rectores
se preocupan, exclusivamente, de que los recortes empiezan a afectar al
posicionamiento de la Universidades españoles en las clasificaciones
internacionales.
Un futuro
incierto
Una situación precaria para la educación pública, que va en retroceso
a un ritmo frenético, ¿dónde está la universalidad de la educación?, ¿dónde
está el derecho a una educación digna? La clase política se adelanta a las
libertades y derechos de los ciudadanos para satisfacer sus propios intereses y
los de importantes sectores de la sociedad española. Ese desprecio hacia el
derecho fundamental de los españoles a una educación universal y gratuita da
pie a un marco represivo y a una injusticia social gravísima. A colación de
esto, no está de más recordar el artículo
27.1 de la Constitución: Todos tienen el derecho a la
educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Y continúa con el
artículo 27.4: La enseñanza básica es
obligatoria y gratuita. La evolución de las políticas de privatización
parece no respetar la Constitución ni, lo más importante, el derecho
fundamental de las personas a una educación digna y gratuita.
Se hace difícil imaginar que el actual gobierno deposite en el conjunto de
la educación pública madrileña, y española, una mínima esperanza de que las
cosas mejoren para los actuales docentes y para los futuros profesores, si es
que hay “futuros”. Los tijeretazos en educación, así como en la
totalidad del ámbito público, responden a la corrección del déficit que el
actual Gobierno de España quiere lograr. La legislatura socialista dejó también
políticas que más podrían aproximarse al conservadurismo en materia económica pero
la llegada de la derecha al poder ha significado una privatización cada vez más
significativa y definitiva de la totalidad de los servicios públicos. Las
políticas de Esperanza Aguirre, y su gabinete, han supuesto un preludio del
futuro (y ya presente) panorama político y económico de España.
El panorama
general de la educación española se encuentra en un momento en el que son
necesarias reformas profundas y sobre todo inteligentes, para que la reducción
presupuestaria no signifique también una reducción de calidad de la enseñanza
de los futuros dirigentes del mañana. Incluso la
Comisión Europea ha puesto en duda que los recortes en educación que está
llevando a cabo España, al igual que otros Estados miembros, sean el mejor arma
contra el déficit, pues ponen en riesgo el crecimiento económico y la
competitividad de estos países en el futuro, cuyos ciudadanos habrán vivido un
retroceso formativo que podría llegar a ser muy perjudicial. El problema, en
las últimas décadas, es siempre el mismo: el sistema político actual insta a
sus dirigentes a tomar medidas rápidas sin calcular las consecuencias a largo
plazo. Ese “vive rápido, muere joven” de la política, ¿a quién perjudica? ¿Es a
ellos, los de arriba, con sus contratos blindados y pensiones vitalicias?
No existe una
manera perfecta de vadear la crisis, pero tampoco es eficaz incurrir en el
error de pensar que las medidas que se tomen hoy no serán el alimento de los
ciudadanos del mañana. Si reducimos calidad en educación, tendremos hombres y
mujeres menos preparados en el futuro, que llevará a una devaluación constante de
la enseñanza hasta términos inauditos. Es una espiral constante, y en vez de
progresar, con las nuevas políticas deficitarias estamos dirigiéndonos a un
modelo en el que ni personal docente, ni órganos administrativos, ni alumnos se
encuentran contentos. Ese desencanto es el que lleva a la desmotivación y de
ella deriva la necesidad de cambio. La marea
verde sigue en la calle. El impacto social es fuerte pero leve en lo que a
la modificación de reglamentaciones se refiere. Protestan, les oímos en las calles,
en los medios, pero en los círculos cerrados donde se crea su propio futuro no
se les escucha. Es por eso que es necesario que las autoridades presten
atención a sus ciudadanos, que somos quienes les damos el voto, la confianza y
los medios para jugar a ser dioses en un escenario hostil para los que miramos
desde abajo. Sin nosotros, no existís. Y si no creamos ciudadanos formados,
inteligentes, preparados, con capacidad crítica, no daremos un paso más hacia
el progreso. Todos estos recortes no solo inciden en este presente de
condiciones adversas, sino que apunta directamente hacia el futuro. Y es el
futuro de todos lo que nos están
recortando.
Marina Hernández García y María Bitria Nogueira
Fuentes:
http://www.arrakis.es/~coord/AMPIC/ (ASOCIACION INTERINOS MADRID)
CIS:
ESTADÍSTICAS COMUNIDAD DE MADRID (datos y cifras de la educación
2010-2011,2008-2009):
NOTICIAS
http://www.publico.es/espana/407258/la-universidad-publica-protesta-contra-los-recortes-el-17-n
BLOG:
MARINA HERNÁNDEZ: http://icrisis-politica.blogspot.com/search/label/Marina%20Hern%C3%A1ndez%20Garc%C3%ADa
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