Las
comunidades autónomas hacen frente a los recortes. Madrid, la más perjudicada.
La crisis
económica que ha sacudido durante los últimos años el mundo occidental es en
España todavía una realidad palpable y que nos está resultando difícil
esquivar. Es el pueblo el que sale perjudicado, no la clase dirigente, no las
empresas multimillonarias, no los bancos. En los últimos tres años de recesión
económica, la tasa de desempleo ha crecido del 11’33% al 22’85%, lo que supone
alrededor de 5 millones de parados en nuestro país. Pero tampoco los que
continúan trabajando se encuentran en un paraíso idílico. Las reformas
laborales en su conjunto, las que
afectan a la sanidad y educación públicas, y por último las aplicadas al cuerpo
funcionarial español están dejando una mella muy profunda que ya empieza a
calar en todos los estratos sociales. En el último año, los ciudadanos se han
echado a la calle. Cientos de movimientos de protesta, de la más diversa índole
pero manteniendo siempre un común denominador, la crisis, nuestra crisis, han recorrido las calles de las principales
ciudades españolas demandando mejoras sociales o, al menos, instando a la clase
dirigente a realizar un cambio eficaz y que no maltrate la vida de unos pocos
(o unos muchos, si consideramos que los desfavorecidos no son ni serán aquella
minoría que ostenta el poder). La marea
verde, como se ha denominado a la masa de personal docente o gente
preocupada por los recortes en educación, es solo una de ellas.
Desde el pasado
20 de noviembre, fecha de inicio de la nueva legislatura del candidato popular
Mariano Rajoy, las nuevas medidas de ahorro del Estado han caído sobre el
pueblo como granizo. El nuevo gobierno, de corte derechista y liberal ha
encontrado en el déficit presupuestario un filón para la reforma del sistema
económico y social español. Después de casi ocho años de zapaterismo, el nuevo Presidente ha incidido en la privatización y
el recorte de gasto público como medidas especiales para salir de esta crisis
que nos asola. La educación y la sanidad, los mayores perjudicados.
